Alcaldes de la comarca del Bajo Cinca trasladan a la subdelegada del Gobierno en Huesca su «grito de auxilio» por la situación del sector de la fruta dulce.

«Para pagar un cortado hay que recolectar 40 melocotones»

Marco Ibarz, con el manifiesto, junto al resto de representantes municipales, en las puertas de la subdelegación del Gobierno en Huesca.
Marco Ibarz, con el manifiesto, junto al resto de representantes municipales, en las puertas de la subdelegación del Gobierno en Huesca.

Los agricultores del sector de la fruta dulce llevan años protestando por los bajos precios, que les obliga a vender por debajo del coste de producción. Esta crisis, que arrancó con el veto ruso en 2014, ha llevado a los ayuntamientos del Bajo Cinca a salir en defensa de una actividad económica sobre la que se ha cimentado la prosperidad de la comarca. Los once alcaldes de la comarca han acudido este lunes a la subdelegación del Gobierno en Huesca, para llevar su «grito de auxilio» en forma de un manifiesto. «Para pagar un cortado en el bar, se tienen que recolectar 40 melocotones, que si no me equivoco son siete u ocho kilos. Imagínense la desproporción que hay en eso«, ha dicho de forma gráfica Antonio Sanjuan, concejal de Mequinenza, haciéndose eco de los comentarios en las redes sociales. 

Alcaldes y concejales de Ballobar, Belver de Cinca, Chalamera, Mequinenza, Osso de Cinca, Velilla de Cinca, Candasnos, Fraga, Ontiñena, Torrente de Cinca y Zaidín se han reunido con la subdelegada, Isabel Blasco,  para trasladarle el manifiesto respaldado, de forma unánime, por los municipios y las organizaciones agrarias. «Los sindicatos nos pidieron apoyo para que les ayudáramos a llegar a las instituciones», ha explicado el presidente comarcal y alcalde de Zaidín, Marco Ibarz, antes de entrar a la reunión.   

«Son cinco años seguidos de pérdidas, desde el veto ruso, y el modelo económico que se había montado en torno a la fruta, que es al que nos dijeron que nos teníamos que adaptar, se está yendo a pique. La situación es crítica. Este año muchos agricultores van a tener problemas para iniciar la campaña, y lo harán aquellos que puedan. Porque en muchos municipios los agricultores más jóvenes ya no se quedan en el campo. Eso se traduce en despoblación y en cierre de empresas», ha declarado Ibarz. Como ejemplo cita el reciente cierre en su municipio de una oficina bancaria, «y también se cierran tiendas, farmacias…». El presidente comarcal asegura que hay muy buenos profesionales, pero la parte de la comercialización falla.

Por su parte, el alcalde de Belver de Cinca, Javier Carrasquer, pone el énfasis en los precios «por debajo del coste de producción». «El Bajo Cinca, de lo que más vive es de la fruta, y si va mal la fruta, va mal todo. Esto se tendría que solucionar de alguna manera, porque al final lo que paga el consumidor suele ser muy alto comparado con lo que recibimos. A ver si los intermediarios ponen algo de su parte». Ha asegurado que los jóvenes, «si pueden evitarlo, no se dedican a esto». Según Carrasquer, solo en verano hay 8.000 empleos en la recolección, «pero también da trabajo en invierno». 

Mequinenza se incorporó el último al cultivo de la fruta dulce al amparo de la creación de regadíos, «pero el problema es igualmente acuciante, por eso estamos aquí los representantes municipales, para apoyar a los agricultores de nuestras poblaciones». El veto ruso fue el detonante en 2014, pero luego se produjo una bajada de precios que ya no se han recuperado. «En 2017 y 2019 ni de lejos se cubren los costes, y esto no hay sector que lo soporte», ha afirmado el concejal Antonio Sanjuan. 

En el manifiesto entregado a la subdelegada, los alcaldes aseguran que la crisis afecta a la supervivencia de las explotaciones familiares, no solo del Bajo Cinca sino de amplias zonas de la tres provincias aragonesas, y está destruyendo un modelo de desarrollo socioeconómico «de creación y reparto de riqueza gracias a pequeñas explotaciones» y que ha conseguido integrar  a la inmigración. 

El documento recuerda que la crisis empezó hace cinco años con el veto ruso y desde entonces los fruticultores no han levantado cabeza. Han acudido a sus ayuntamientos, que poco pueden hacer ante decisiones que dependen de las administraciones española o europea, «pero sí podemos elevar su grito de auxilio, preocupados como estamos por el colapso económico de los habitantes de nuestros pueblos «. Los alcaldes exigen medidas para paliar la sangría que supone el abandono de esta actividad y trasladan su preocupación a la consejería y el Ministerio.  Más información.

Información; Heraldo de Aragón

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