El Presidente de la Comarca, Evaristo Cabistany, denuncia a la Fiscalía posibles sobrecostes en las obras de la sede comarcal

La Fiscalía investigara unos posibles sobrecostes en las obras de la sede comarcal para esclarecer si hubo un exceso de más 300.000 euros en las certificaciones de obras del edificio de la Comarca

La Comarca del Bajo Cinca puso en conocimiento de la Fiscalía un posible sobrecoste en la construcción de su sede en 323.289,16 euros, ya que las certificaciones de obras no coincidían con las calidades utilizadas  o estaban sin justificar. Tras realizar un peritaje con técnicos para comprobar estos datos, la documentación era trasladada al Ministerio Fiscal, que ha decido abrir una investigación para esclarecer si hubo o no irregularidades.

La denuncia presentada por el presidente Evaristo Cabistany se extiende al secretario interventor de la comarca y al consejero de Hacienda del anterior mandato, Jaime Borbón, y al presidente,  Francisco García, que aseguran desconocer de manera oficial la investigación iniciada por la Fiscalía.

La historia de la sede de la Comarca del Bajo Cinca es compleja ya que data del año 2010 cuando el ente supramunicipal adjudicaba los trabajos de la nueva sede a la Constructora Lumbierres por 1.900.000 euros, pero al cabo de un año paralizaba las obras por entrar en concurso de acreedores.

En 2011, hubo un cambio en el equipo de Gobierno del Bajo Cinca y entró a gobernar la coalición PP-PAR, que volvió a sacar a licitación los trabajos que faltaban y los adjudicó a la UTE integrada por la Constructora Calaf y Pinillos por 1.187.383,73. La nueva sede se inauguraba en enero de 2014 con un presupuesto final de 2.982.235€.

Esta no es la primera vez que se denuncian irregularidades ya que en el 2010 Convergencia de Democrática de la Franja acudía al Justicia de Aragón para denunciar presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación de del proyecto de la sede. El Justicia observaba que la Ley de Contratos del Sector Público no se cumplía en algunos puntos como la falta de referencia el contrato o que no hubo una constitución de un comité técnico de valoración. Si bien el Justicia recomendaba no anular el contrato ya que sería más perjudicial hacerlo ya que las obras estaban en marcha.

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