El consumo de luz se ha estancado a niveles de hace una década mientras cada vez gastamos menos agua por persona.
Los aragoneses gastamos hoy mucha menos luz y agua que hace una década. Las mejoras en la eficiencia de estos dos suministros básicos en los hogares, pero también el ahorro autoimpuesto por muchas familias a raíz de las vicisitudes económicas de los últimos años, parecen estar detrás de esta tendencia, que no obstante se presta a lecturas distintas.
Ahora bien, ¿hemos aprendido a consumir menos por la situación económica de los últimos años o han funcionado todas las medidas de ahorro y eficiencia que se han impulsado durante este tiempo?
Para José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), hay un poco de todo, pero sigue teniendo más peso que muchas familias han tenido que apretarse el cinturón. “Es indudable que de un tiempo a esta parte tanto la Administración como la ciudadanía han puesto medidas y estamos todos más implicados en reducir los consumos. Pero también es evidente que sigue habiendo muchas familias donde se mira con lupa cada gasto”, sostiene.
¿Y también gastamos menos?
La otra parte de la ecuación es si durante este tiempo en el que los hogares aragoneses han reducido sus consumos de estos suministros también han podido menguar su factura correlativamente. Y ahí los datos dicen que no, al menos con la misma fuerza.
El precio de la luz, que desde el 2015 ha tenido cambios de peso como la entrada en vigor de las tarifas horarias, si bien ha descendido un 7% con respecto a septiembre del año pasado, ha crecido en más de un 80% en los últimos 10 años si se tienen en cuenta los datos de un informe publicado por Facua el pasado verano, en el que se remarcaba que cada consumidor había pagado de media unos 400 euros anuales más de luz por el mismo consumo que en 2005.
Volviendo al agua, Aragón no ha estado exento de la subida generalizada de precios que se ha dado en los últimos años. Si bien hay diferencias por ciudades. Según un informe publicado hace dos semanas por la OCU, Teruel era la capital de provincia con el agua más cara, pagando 335 euros anuales por el consumo de 175 metros cúbicos, un montante que se reducía en Huesca a 286 y a 269 en la capital, donde precisamente el cobro y encarecimiento del agua por el Impuesto de Contaminación autonómico ha llevado a varios desencuentros entre Ayuntamiento y Gobierno de Aragón en los últimos meses.
Las ‘lagunas’ de la regulación
Desde 2013 el Gobierno Central ha implementado en España la normativa Europea sobre eficiencia energética, que, en lo que toca al ciudadano más directamente, implica que un inmueble en venta o alquiler debe pasar una auditoría para recibir una calificación que señala qué cantidad de energía (y por lo tanto dinero) pierde.
Hasta este año en Aragón se habían calificado más de 30.000 viviendas, y de ellas apenas un 15% obtenían las mejores calificaciones. La mayoría de los inmuebles que no obtienen una buena calificación son edificios antiguos, con malas cerraduras en las ventanas o electrodomésticos obsoletos que, no obstante, no implican que esa vivienda no pueda salir al mercado.
“Tal y como está la regulación, hay pocos incentivos para que el ciudadano invierta en eficiencia energética, más que nada porque tiene poco beneficio”, explica el presidente de la UCA, que hace unas semanas organizó un seminario sobre esta matera.
Según señala, aunque en un hogar se intenten cambiar las bombillas por nuevas de bajo consumo o electrodomésticos más eficientes, el mayor peso del importe de la factura de la luz está en los costes fijos, invariables, lo que hace que el ahorro se reduzca. “Habrá mucha gente que lo hará por concienciación, pero si no promovemos que también se pueda ahorrar más, será difícil que avancemos en este sentido”.
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