IU pide la comparecencia de Aliaga ante el cierre forzoso de Carbonífera del Ebro

 

El grupo de IU en las Cortes de Aragón ha pedido la comparecencia del consejero de Industria, Arturo Aliaga, en el pleno de la Cámara ante el cierre “forzoso” de la mina Carbonífera del Ebro, de Mequinenza (Zaragoza).

IU ha pedido la intervención de Aliaga después de que ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmara que es “innecesario e inconveniente” forzar a Endesa, propietaria de la central de Andorra (Teruel), a consumir el carbón “problemático” de la mina de Mequinenza, con el que ha tenido una experiencia muy negativa.

En un comunicado, IU Aragón rechaza la decisión del ministro de Industria al negar “cualquier viabilidad para el mantenimiento activo de la mina de Mequinenza”.

Para el portavoz de Industria de IU en las Cortes de Aragón, Luis Ángel Romero, “la forma en la que Soria ha concluido la gestión del problema de esta mina, cuyos trabajadores llevan en ERE casi un año, pone de manifiesto que, desde el principio, el Gobierno se olvidó de Carbonífera y tenía previsto su cierre”.

“Han mareado a los trabajadores y a la empresa y toda la gestión apunta a que el Gobierno quería desde el principio de las negociaciones cerrar esta mina”, ha aseverado Romero, quien ha advertido de las “nefastas” consecuencias que el cierre de la mina tendrá para la economía de la zona.

Romero ha solicitado al consejero de Industria, Arturo Aliaga, que comparezca en el pleno de las Cortes para que explique cómo afecta a Aragón, al empleo y a las empresas mineras aragonesas, incluida Carbonífera del Ebro, la resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía para el año 2014, a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro.

“Una resolución que lleva al cierre forzoso de Carbonífera del Ebro”, ha señalado Romero, quien ha reclamado a los gobiernos central y autonómico que busquen la mejor solución para los trabajadores y la empresa.

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